Oposición a ‘Las Vegas’ de los Monegros

Después de ser rechazado en Dubai y en Francia, el promotor de la mayor macrociudad del juego ha encontrado el apoyo del Gobierno de Aragón. Gran Scala podrá instalarse en el desierto de los Monegros pese a las irregularidades.

Parques temáticos, 32 casinos, 70 hoteles, 230 restaurantes, 32 museos, 500 comercios, hipódromo, plaza de toros, campo de golf y palacio de congresos. Una ciudad nueva de 100.000 habita

ntes (la segunda más poblada de Aragón) en el desierto de Monegros, entre Huesca y Zaragoza. Unas semanas después de la publicación de este proyecto, el 12 de diciembre, empiezan las críticas más allá de un debate cerrado entre conservacionismo y riqueza.

La operación parte de un capital norteamericano, proveniente del juego, interesado en Europa como área de negocio. Ya antes, el proyecto se rechazó en Dubai y en Francia. Aunque los 32 casinos acaparen la atención, el volumen de instalaciones, servicios y viviendas en cantidades aún no definidas generaría una plusvalía sustancial del suelo. El precio actual de la tierra en los Monegros lo hace posible por su extensión, su régimen de secano y la escasa población (21.600 habitantes, 8 hab/km2). Además, disfrutan de una buena posición en el mapa y están bien comunicados. Sin embargo, otros aspectos oscurecen la viabilidad económica que el complejo Gran Scala tiene por sí mismo.

La única iniciativa privada visible, el consorcio International Leisure Development (ILD), es promotor, es decir, aunque esté vinculado a empresas de máquinas de juego y casinos no aportan todo el capital necesario, sino que pretenden atraerlo. Sobre la identidad y solvencia de esos inversores nada se ha adelantado. En todo caso, vaticinan 25 millones de visitantes para 2015 (más de la mitad del total de turistas que recibe anualmente el Estado español) y ello, mientras languidecen otros complejos similares en Europa.

Apoyo institucional

Con todo, el apoyo del Gobierno de Aragón (formado por la coalición PSOE-PAR) sigue siendo imprescindible. En tal sentido, el Partido Aragonés (PAR) se ha convertido en valedor del proyecto desde los primeros contactos, y desde el Gobierno de Aragón ha trasladado al público una “ilusión” que ya la información disponible cuestiona. Los responsables públicos no han aclarado su impacto social, económico y medioambiental para el actual modelo aragonés, por ejemplo en cuanto a vertebración del territorio, calidad del empleo, movilidad o gestión de recursos naturales. Tampoco su impacto sobre poblaciones cercanas o la propia Zaragoza; ni una suerte de ‘plan B’ en caso de que el macro-proyecto quiebre. Lejos de esto, el Ejecutivo aragonés se encuentra desde el inicio comprometido plenamente con el proyecto.

Promotores y Gobierno de Aragón han remarcado que toda la inversión (17.000 millones) será privada. Sin embargo, la acción pública deberá ir más allá de lo recaudatorio, además deberá reducir los tipos impositivos por actividades del juego. Y parecen aceptarse otros cambios normativos a la carta. Según AZAJER (asociación que trabaja problemas de ludopatía), la actual Ley Aragonesa del Juego sólo permitiría un casino más, y en Teruel. Asimismo, el impacto urbanístico del proyecto, las modificaciones y expropiaciones que se avanzan pertinentes exigen la declaración del complejo como de “interés prioritario” por el Legislativo aragonés, lo que permitiría superar el escollo de municipios díscolos y dotaría a la Administración de mayor flexibilidad en su acción. Por otro lado, y aunque no se realicen inversiones públicas directas en el proyecto, éstas serían imprescindibles en infraestructuras y servicios públicos, que abarcarían al menos una nueva estación del AVE, autopistas y la ampliación del aeropuerto. Ello sin contar los servicios públicos de una hipotética ciudad de 100.000 habitantes o los imprescindibles para que los anunciados 35.000 trabajadores comiencen siquiera a construirla. Algunos servicios son urgentes si se pretende que unas tres quintas partes del proyecto estén listas en torno al 2010. La Administración aragonesa no ha aclarado aún su grado de compromiso con estos gastos.

Desde que se publicó la iniciativa, el consorcio ILD ha advertido de que la oposición del “lobby ecologista” podía perjudicar las inversiones. Se manifiesta así la necesidad de garantizar un consenso social en torno al proyecto, cerrar el debate y desprestigiar los escepticismos para no ahuyentar las inversiones.

Junto a razones sobre el fondo del proyecto, la opacidad y su exclusión del debate han motivado la oposición de grupos que cuestionan este modelo de desarrollo (entre otros Ecologistas en Acción, Aragón No Se Vende y CGT). IU también mostró su rechazo y progresivamente otros sectores del ámbito político y social, como la Chunta Aragonesista (CHA), han reclamado prudencia o una discusión seria del proyecto, así como la organización Ecología y Desarrollo (ECODES).

En los Monegros, los rechazos surgidos se han agrupado en la Plataforma Monegros No Se Vende y, tras el entusiasmo inicial sobre el terreno, en que los valedores políticos del proyecto habían fundado gran parte de su legitimidad, algunos representantes comarcales y pequeños agricultores despliegan dudas y alternativas más coherentes con el modelo social, económico y ecológico monegrino, cuestionando que el incremento de población en sí mismo sea un objetivo que deba imponerse a la calidad de vida de quienes ya habitan esta tierra.

Extraido de Tercera información

Luther Blisset
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